La Corte Constitucional seleccionó una tutela presentada por el exgerente del Banco Popular en Bogotá, Marco Urbano Franco, y por Blanca Ramírez, a cargo de una de las sucursales, con la que pretenden tumbar una condena a 21 meses de prisión proferida por la Corte Suprema de Justicia en 2015 por el delito de estafa agravada. Concretamente por haber engañado, a través del banco, a dos generales y un teniente, para que terminaran pagando las deudas de la compañía Arprint, para lo que invirtieron con sus familias cerca de 4 mil millones de pesos. Los magistrados Alberto Rojas y Luis Guillermo Guerrero insistieron para que el expediente fuera seleccionado por la Corte Constitucional debido a que en la primera y en la segunda instancia ambos exfuncionarios fueron absueltos. "Considero que es preciso aclarar el contenido y alcance del derecho fundamental al debido proceso, consistente en la posibilidad de impugnar la sentencia condenatoria, aún si la misma fue proferida por un órgano de cierre", indicó Rojas. Por su parte Guerrero afirmó que "resultaría importante un estudio detallado del citado expediente con el fin de evaluar la posibilidad de que se garantice a los peticionarios la facultad para controvertir el único fallo incriminatorio que se dictó en el respectivo juicio penal".  En la tutela, ambos condenados invocan la protección al debido proceso, a la doble instancia y al acceso a la administración de justicia.